El Senado debatirá este viernes la Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas centrales del Gobierno que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La propuesta forma parte de la estrategia del Poder Ejecutivo para avanzar en la remonetización de la economía y “sacar los dólares del colchón“.
El proyecto fiscal introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, en la Ley de Procedimientos Fiscales y en el Código Civil y Comercial, además de crear un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Apunta a relajar los controles fiscales y a elevar de manera significativa los montos a partir de los cuales determinadas conductas son consideradas delito.
En paralelo, la ley endurece las multas económicas por incumplimientos y reduce los plazos de prescripción para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda reclamar impuestos no declarados.
Inocencia Fiscal: cambios en el Régimen Penal Tributario
Uno de los ejes del proyecto es la modificación de la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario. La iniciativa aumenta de manera drástica los montos mínimos para que una conducta sea considerada delito de evasión. En el caso de la evasión simple, el piso pasa de 1.5 millones de pesos a 100 millones. Para la evasión agravada, el umbral se eleva de 15 millones a 1.000 millones de pesos.
También se incrementan los montos en otras figuras. Por ejemplo, la falsificación de facturas será considerada delito recién a partir de los 100 millones de pesos, cuando hasta ahora el mínimo era de 1.5 millones. En el caso de los agentes de retención de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el piso para que exista delito pasa de 100 mil a 10 millones de pesos, con un plazo de 30 días para depositar los fondos retenidos.
La Ley de Inocencia Fiscal modifica los montos a partir de los cuales ARCA denunciará por evasión a un contribuyente.
Además, el proyecto eleva los montos para .sancionar a quienes se adhieran a beneficios fiscales sin cumplir las condiciones exigidas: el mínimo para que esa conducta sea considerada evasión pasa de 2 a 200 millones de pesos.
