El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, presentó junto a la diputada nacional Eliana Bruno una propuesta ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para impulsar una ley de derribo destinada a regular la interceptación de vuelos clandestinos vinculados con el narcotráfico. La iniciativa apunta especialmente al control del espacio aéreo en las provincias del norte argentino.
Según explicó Zigarán en una entrevista con Radio Salta, la propuesta surgió después de una reunión de gobernadores en Tucumán, donde Gustavo Sáenz planteó la necesidad de contar con una legislación específica. El interventor sostuvo que revisó normas de otros países latinoamericanos para elaborar el texto y señaló que existe un decreto nacional de 2018 como antecedente. La presentación ante el Ministerio no implica que el proyecto ya haya sido aprobado ni que se encuentre en tratamiento parlamentario.
Zigarán argumentó que los controles aéreos aplicados en otros países de la región podrían haber desplazado rutas clandestinas hacia la Argentina. “Al estar cerrados los espacios aéreos de casi diez países latinoamericanos, nosotros quedamos como la autopista principal aérea, dando muy malas señales”, afirmó. Se trata de una evaluación del funcionario, no de una cifra de vuelos corroborada en la información difundida sobre la propuesta.
El interventor también recordó el programa Escudo Norte y aseguró que, durante su funcionamiento, se detectaban hasta diez vuelos diarios de aeronaves presuntamente vinculadas con el narcotráfico. A su entender, la falta de una ley específica limita las herramientas de respuesta. Además, sostuvo que observa “un retroceso” en la presencia nacional en la frontera y cuestionó el alcance actual del Plan Güemes y la falta de implementación del denominado Plan Roca en el departamento San Martín.
En relación con la situación de Aguas Blancas, Zigarán mencionó conflictos entre efectivos de Prefectura y personas que trasladan mercadería a través de la frontera. Describió la existencia de contrabando y remarcó que no corresponde identificar a todos los trabajadores fronterizos con actividades vinculadas al narcotráfico. También señaló que el traslado de drogas puede realizarse por vía aérea, terrestre y mediante distintos métodos de ocultamiento.
La propuesta presentada por Zigarán y Bruno abre una discusión sobre qué facultades deberían tener las fuerzas de seguridad frente a vuelos clandestinos y bajo qué condiciones podrían utilizarlas. Por el momento, la información difundida no incluye el articulado completo de la iniciativa ni precisiones sobre sus mecanismos de control y garantías. Su eventual avance dependerá de los pasos que se den en el ámbito nacional y, si se formaliza como proyecto legislativo, de su tratamiento en el Congreso.
