Si hay una piedra en el zapato del oficialismo salteño, esa es sin duda Roque Cornejo. El diputado volvió a exponer las contradicciones y la falta de compromiso del gobierno de Gustavo Sáenz con la transparencia institucional. Esta vez, presentó un proyecto para crear dos fiscalías anticorrupción, una herramienta clave para investigar operaciones sospechosas dentro del Estado, controlar los gastos públicos y auditar la ejecución de obras.
Una propuesta que, en teoría, nadie debería rechazar. La creación de fiscalías especializadas en delitos de corrupción debería ser una prioridad en cualquier gobierno que se precie de honesto. Sin embargo, la Cámara de Diputados —dominada por el oficialismo— decidió bloquear la iniciativa, dejando en claro cuáles son sus verdaderas prioridades.
El proyecto de Cornejo buscaba dotar al Ministerio Público de unidades dedicadas exclusivamente a investigar el uso indebido de fondos públicos, los posibles casos de enriquecimiento ilícito y las irregularidades en contrataciones del Estado. Pero la respuesta del bloque saencista fue tajante: no.
La pregunta que resuena en los pasillos del poder y entre los ciudadanos es inevitable:
👉 ¿Qué tienen para esconder los diputados que se oponen a esta herramienta de control?
Porque si, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme, el rechazo a un órgano que podría fortalecer la confianza pública resulta, como mínimo, sospechoso.
Mientras tanto, el discurso de la “gestión transparente” que pregona el oficialismo se desmorona ante decisiones como esta. En lugar de acompañar una propuesta que beneficiaría directamente a la sociedad, eligieron proteger el statu quo.
La falta de una fiscalía anticorrupción local deja a Salta en una posición vulnerable. En un contexto nacional donde los juicios por malversación de fondos y corrupción estatal ocupan la agenda pública, la provincia decide mirar para otro lado.
Con este bloqueo, el gobierno de Sáenz manda un mensaje inequívoco: la transparencia no está en la lista de prioridades. Y mientras los pocos opositores en la Legislatura —como Cornejo— intentan empujar un debate serio, el resto de los diputados oficialistas parecen más interesados en cuidar sus cargos que en cuidar el dinero de los salteños.
La ciudadanía observa, cansada, cómo los discursos de ética y responsabilidad se contradicen con los hechos. El poder político vuelve a cerrarse sobre sí mismo, blindando su propia impunidad.
El debate está abierto, y ahora la pelota está del lado de la sociedad. Porque si los representantes no defienden la transparencia, serán los ciudadanos quienes deban exigirla.
