La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reconoció ante la Cámara de Diputados que la llegada de personal de las fuerzas federales a la ciudad de Orán está generando un fuerte aumento en los precios de los alquileres, debido a la escasa oferta de viviendas en la zona.
Durante su exposición en el marco del debate por el Presupuesto 2026, Bullrich señaló que “en el pueblo de Orán, inmediatamente los precios de los alquileres aumentan, porque hay muchas más personas buscando alquilar de las que hay disponibles”.
El fenómeno se explica en parte por el despliegue de fuerzas federales en la frontera norte de Salta, en el marco de operativos como el Plan Güemes y el Operativo Roca, que incrementaron la presencia de agentes en la zona, generando una presión adicional sobre el mercado de alquileres.
Bullrich recordó que este problema no es nuevo. Hace un año, durante una visita al norte argentino, familiares de gendarmes la esperaron en el aeropuerto de Orán para plantearle su preocupación por los bajos salarios y los elevados alquileres que enfrentan los efectivos cada vez que son trasladados. En aquel momento, la funcionaria se comprometió a abordar la situación.
A pesar de esa advertencia inicial, la situación persiste y también afecta a la comunidad oranense. La marcada presencia de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal amplió la demanda de viviendas en un mercado reducido, provocando fuertes incrementos en los precios y dejando a numerosos vecinos sin posibilidades de alquilar, obligándolos incluso a volver a vivir con sus familias.
El despliegue de fuerzas en el norte salteño busca reforzar el control en zonas fronterizas y combatir el contrabando y el narcotráfico. Sin embargo, los programas no contemplaron el impacto habitacional derivado de la llegada masiva de personal federal, problema que vuelve a estar en agenda tras las declaraciones de la ministra.
Para mitigar la situación, Bullrich anunció que el Ministerio de Economía traspasó a Seguridad una serie de unidades habitacionales de uso funcional, destinadas al alojamiento del personal en misión, como una medida inmediata para aliviar la demanda de alquileres en las localidades de frontera.
Aun así, la persistencia del problema afecta tanto a las fuerzas federales como a la población local de Orán, quienes se ven desplazados o presionados por el aumento de los alquileres y la escasez de oferta habitacional.
La ministra remarcó que la falta de viviendas y el aumento del costo del alquiler son desafíos logísticos y presupuestarios que deben abordarse para asegurar condiciones dignas y evitar distorsiones en el mercado local. Entre las posibles medidas se analiza:
• Construir nuevas viviendas funcionales para el personal federal.
• Implementar subsidios o convenios público-privados que amplíen la oferta habitacional.
• Coordinar esfuerzos entre Nación, Provincia y Municipio para diseñar una solución integral que contemple vivienda, transporte y servicios.
Este planteo es relevante para la comunidad oranense porque muestra cómo políticas de seguridad —que tienen sentido operativo— generan efectos colaterales en el tejido urbano local, afectando el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda de los vecinos. También deja en evidencia la necesidad de planificar infraestructura y políticas habitacionales en paralelo a los despliegues estatales en zonas estratégicas
