El Gobierno volvió a conseguir otro fallo a medida de sus deseos. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (CAF) decidió que será ese fuero el que examine la legalidad de la reforma laboral. La Confederación General del Trabajo (CGT) sostiene que no todo está dicho, mientras apuesta a que la discusión pueda darse en la justicia nacional del trabajo.
El 30 de marzo pasado, el juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar que frenaba más de 80 artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral (27.802), a pedido de la CGT. A partir de entonces, la avanzada del Gobierno para blindar la ley se intensificó.
La Casa Rosada, como primera medida, quería sacar la discusión del fuero laboral —siempre considerado más proclive a los trabajadores— y llevarla a un terreno más amigable, como el fuero contencioso administrativo. El 10 de abril, la jueza Macarena Marra Giménez le pidió a Ojeda que se inhibiera de seguir interviniendo.
El juez laboral rechazó el planteo y lo elevó a su superior, la Cámara Nacional del Trabajo (CNT). El fiscal Rodrigo Cuesta entendió que la discusión sobre la reforma laboral debía seguir en el fuero laboral. Sin embargo, la CAF esperó su dictamen y votó en sentido contrario.
Los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy sostuvieron que la discusión debe librarse en los tribunales federales. “El Estado tiene derecho de litigar en su jurisdicción”, escribieron en un fallo que se conoció este martes.
“Atañe a los jueces federales conocer en un proceso en razón de la materia cuando el derecho que se pretende hacer valer está directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución Nacional, en una ley federal o en un tratado”, señalaron.
A entender de Vicenti y Duffy, la demanda de inconstitucionalidad apunta a que el Estado fue demandado en su calidad de legislador. Entre las cuestiones federales se encuentran la facultad del Congreso Nacional de crear tribunales y asignarles competencias, así como la de financiar parte de las indemnizaciones por despidos —como sucede con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)—.
La CNT podría trabar una contienda de competencia y obligar a que el tema sea dirimido por la Corte Suprema de Justicia, que tiene en su poder un per saltum planteado por el Gobierno contra el fallo de Ojeda.
Para eso, la CNT deberá primero decidir qué hacer con la recusación que planteó la CGT contra María Dora González y Víctor Arturo Pesino, los dos integrantes de la Sala VIII que el jueves pasado suspendieron la cautelar de Ojeda y volvieron a poner en vigencia la reforma laboral.
Entre los argumentos que esgrimió la CGT, a través de su abogado Pablo Topet, se encontraba que Pesino recibió una retribución inmediata del Gobierno nacional tras fallar de acuerdo con sus intereses. Horas después del fallo, el Ministerio de Justicia impulsó un trámite para que el camarista —que ingresó al fuero laboral en 1971— permanezca en la judicatura después de cumplir 75 años.
Tal como publicó Página/12, Pesino se defendió: dijo que el trámite era anterior a su resolución y que había votado sin interés alguno. También afirmó que no era irregular que, pese a que el Gobierno se había comprometido a no cubrir las vacantes de jueces laborales que se produjeran, cambiara su criterio en relación con él, que había votado a favor de la Casa Rosada. De acuerdo con su interpretación, el Gobierno consideró que extenderle el mandato por cinco años era indispensable porque la CNT funciona al 50 por ciento de su capacidad.
González también rechazó el planteo de la CGT en su contra. Para la central obrera, Pesino y González también se hicieron de una causa que no les correspondía porque debía intervenir la Sala I de la CNT, pero ellos tomaron el caso a velocidad récord para que el camarista pudiera congraciarse con el Poder Ejecutivo y, de esa forma, asegurar su permanencia hasta los 80 años.
Serán sus colegas Héctor Guisado, Mario Fera y Gabriel de Vedia quienes deberán definir si corresponde la recusación de los dos integrantes de la Sala VIII de la CNT.
La CGT, por otro lado, también había recusado a la jueza Marra Giménez en el fuero contencioso administrativo, en lo que se vislumbra como un conflicto de largo aliento que tendrá un espacio central en los actos por el 1 de mayo.
FUENTE: Página 12
