Según está previsto, este martes se expondrán los alegatos de las defensas y, luego de la deliberación, el tribunal dará a conocer el veredicto.
El juicio está a cargo de los jueces Federico Diez, quien preside el tribunal, Paola Marocco y Francisco Mascarello.
En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez. La defensa del acusado Rogelio Guaymás está en manos de Juan Diego Herrera y la de los hermanos Gonza, a cargo de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.
Ernesto “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.
La fiscal Claudia Geria culminó su alegato solicitando siete años de prisión de cumplimiento efectivo para el exintendente Ernesto Gonza, al considerarlo responsable de cinco hechos de peculado, tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real.
Para el exsecretario de Hacienda Rogelio Guaymás, pidió una pena de seis años de prisión efectiva por cinco hechos de peculado y dos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, también en concurso real.
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En tanto, para Aldo Gonza requirió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como partícipe necesario en un hecho de peculado.
Para los tres imputados, la fiscal solicitó además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
En relación a la situación de Ernesto Gonza, señaló que registra una condena anterior, por lo que pidió la aplicación del mecanismo de unificación de penas previsto en el Código Penal.
Finalmente, en función del riesgo procesal y la gravedad de los hechos, requirió la detención inmediata de los tres acusados, medida que quedó sujeta a la decisión del tribunal.
