El médico Martín Baccaro volverá a presidir el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) a partir del próximo 11 de marzo, en lo que marcará el fin de la intervención que atravesaba la obra social provincial.
Con el cambio en la conducción, el actual interventor del IPS, Emilio Savoy, pasará a integrar el directorio del organismo una vez restablecida su estructura institucional.
Baccaro ya conoce la dinámica de la obra social. Durante la gestión del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey asumió la presidencia del IPS en 2017, y anteriormente también ocupó distintos cargos dentro del organismo.
El profesional tiene una extensa trayectoria en la gestión sanitaria. Entre 2000 y 2001 se desempeñó como subgerente de prestaciones especiales del PAMI, mientras que en 2002 fue secretario de Salud de la Municipalidad de Avellaneda.
Ese mismo año se incorporó al IPS, donde desde octubre de 2002 trabajó como coordinador y luego fue presidente de la obra social provincial entre julio de 2003 y marzo de 2005.
Tras su paso por el organismo, continuó vinculado al sistema sanitario con responsabilidades en la administración de sanatorios y obras sociales. En Salta se desempeñó durante una década como gerente del Sanatorio El Carmen, cargo que ocupó hasta 2016.
El regreso de Baccaro, según indicó El Tribuno, se produce en un contexto complejo para la obra social provincial. En los últimos meses el IPS enfrentó dificultades financieras, tensiones con prestadores y reclamos de afiliados por demoras en autorizaciones y prestaciones médicas.
La entidad brinda cobertura a decenas de miles de afiliados entre empleados públicos, jubilados y sus familias, por lo que su funcionamiento impacta directamente en el sistema sanitario de la provincia.
En ese escenario, uno de los principales desafíos de la nueva conducción será ordenar las cuentas del organismo, recomponer la relación con clínicas, sanatorios y profesionales de la salud, y garantizar la continuidad de las prestaciones.
Además, se espera que la nueva gestión avance en la mejora de los mecanismos de autorización de estudios y prácticas médicas, un punto que suele generar reclamos de los afiliados por demoras administrativas.
Otro de los ejes será reforzar los controles sobre el gasto en medicamentos y prestaciones de alta complejidad, uno de los rubros que más presión ejerce sobre el presupuesto de la obra social provincial.
