Este lunes se puso en marcha en Ciudad Judicial el primer juicio por jurado en la provincia de Salta, en el marco de la Ley 8478. Se trata de un hecho inédito a nivel local y uno de los primeros en su tipo en el país bajo esta modalidad para casos de homicidio agravado.
Por Aries, el director de la Oficina Judicial de Juicio por Jurado, el Dr. Fernando José Leoni, explicó que fueron convocadas 70 personas como potenciales jurados. “Se les asignaron números y las partes están realizando preguntas para verificar incompatibilidades o posibles sesgos. El objetivo es conformar un jurado imparcial y justo”, detalló.
De ese total, serán seleccionados 16 ciudadanos: 12 titulares y 4 suplentes. El resto quedará dispensado. Durante el proceso, las partes pueden recusar jurados con causa —sin límite— o sin causa, hasta cuatro por cada parte.
Leoni subrayó que los convocados no fueron informados previamente sobre los detalles del caso para evitar que lleguen con opiniones formadas. “Todo lo que deben conocer lo van a escuchar durante el juicio. En el derecho penal, el imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, recordó.
La convocatoria no puede ser rechazada, ya que se trata de una carga pública obligatoria. En caso de incumplimiento, puede aplicarse una multa equivalente al sueldo de un juez. Además, se preserva la identidad de los jurados: los medios no pueden fotografiarlos ni difundir datos personales.
La unanimidad como requisito clave
Uno de los puntos centrales del sistema es que el veredicto debe ser unánime. Es decir, los 12 jurados titulares deben coincidir en la decisión de culpabilidad o no culpabilidad.
“Si no hay unanimidad, el jurado se declara estanco”, explicó Leoni. En ese caso, el juez consulta a la fiscalía si continuará con la acusación. De persistir la falta de acuerdo, se deberá conformar un nuevo jurado y realizar un nuevo juicio.
El caso que inaugura esta modalidad es el femicidio de Dalma Bataches, ocurrido en septiembre de 2024. La implementación del juicio por jurado marca un cambio estructural en el sistema penal salteño, incorporando la participación directa de la ciudadanía en la administración de justicia.
